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The Economist da a conocer 'los tres lastres' de las APP

Las secretarías de estados son las principales autoridades en las APP, sin que otra instancia independiente supervise los contratos.

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FOTOGRAFÍA Tomado de Flickr/Lorenzo_higuey





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Jueves, 14 de febrero de 2013 a las 06:00
POR Redacción Obras

CIUDAD DE MÉXICO — Los tres principales obstáculos para la consolidación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en México son su marco institucional fragmentado, así como la falta de apertura del sector eléctrico y de transparencia en las licitaciones, informó The Economist Unit.

En enero del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una ley en la materia, la cual define y habilita un nuevo tipo de contrato a largo plazo para el desarrollo de infraestructura, además de que facilita sus ajustes y protege a los acreedores.

No obstante, la legislación no consolida el marco institucional fragmentado del país, indica la publicación, en el documento 'Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe'.

El reporte hace hincapié en que esto coloca a las secretarías de estado como las principales autoridades competente frente a las APP, sin que otra autoridad independiente supervise el cumplimiento de los contratos.

"El sector público sigue enfocando sus experiencias en preparación de proyectos, en vez de la supervisión de contratos de APP actuales", plantea The Economist Unit.

El documento puntualiza que la transparencia en las licitaciones es un reto importante por abordar, el cual podría solucionarse mejorando la eficiencia de la distribución de recursos, específicamente en las licitaciones de proyectos viales.

"La meta del gobierno es adjudicar contratos APP consistentes que aumentan el acceso a una red vial moderna a precios competitivos, mejorando la competitividad de México", ahonda.

Cita que "los límites constitucionales y la resistencia interna han obstaculizado la liberalización del sector [de la electricidad]", además de que la Ley de APP no incluye a este sector.

El documento explica que mientras la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe reestructuraron su industria eléctrica, México no lo hizo de la misma forma, ya que es operada por el Estado y está integrada verticalmente.

Al tiempo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controla todas las compras, "la actividad de las APP se limita a unos cuantos acuerdos de compra de energía de generadores privados", aclara The Economist Unit.



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