Dos exfuncionarios de la Línea 12 ganan amparo y libran prisión
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió amparo directo a dos exservidores públicos relacionados con el probable uso ilegal de atribuciones y facultades en la construcción de la Línea 12 del Metro, con lo cual librarán la sentencia de un año y 15 días de cárecel.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Contraloría General capitalinas informaron que analizan la procedencia de un recurso de revisión del cual conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si ésta determina que el asunto revierte importancia o trascendencia.
El amparo concedido no elimina la inhabilitación de los exfuncionarios durante 15 años para ejercer cualquier cargo público.
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De acuerdo con PGJ y la Contraloría General la decisión del Cuarto Tribunal no consideró ilícito que los servidores públicos hayan emitido una opinión favorable para adjudicar directamente un contrato de supervisión de obra, cuando la licitación de ésta había quedado desierta.
Para la autoridad, detallan, esto representa un claro fraude a la ley, pues de esa opinión derivó un contrato por adjudicación directa de la supervisión de una obra que no se iba a realizar.
También la inhabilitación está en litigio
En 2014, la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios inició un procedimiento administrativo contra el ex subdirector de Costos y Concursos, y el ex Jefe de Unidad Departamental de Concursos de esa dependencia.
Ello, por irregularidades en la asignación del contrato número 12.07 CD 03.M.3.011, a favor de una empresa, por un monto de 1 millón 70,520 pesos con 13 centavos para la supervisión de la construcción del Proyecto Integral para la construcción de la Policlínica Tláhuac-Mixcoac.
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La Contraloría dio vista al agente del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ de la Ciudad de México, toda vez que los hechos materia del procedimiento de responsabilidades, también podrían ser constitutivos de ilícitos cometidos por ambos exservidores públicos.
Tras diversas investigaciones, la Contraloría los encontró responsables y los inhabilitó por 15 años. Dicha determinación se encuentra vigente y es materia de litigio por parte de los servidores públicos a la fecha.
El representante social ejercitó acción penal contra ambos extrabajadores por el delito de uso ilegal de atribuciones, siendo procesados y sentenciados por la Tercera Sala Penal de la Ciudad de México a pena de prisión de 1 año 15 días, la cual se conmutaba por una multa, además de una inhabilitación de seis años seis meses.
Sin embargo, por dicha determinación, los servidores públicos promovieron un amparo ante un tribunal colegiado, que determinó concedérselos y dejar sin efecto la sentencia penal que los condenaba.
