La Coparmex demanda al Congreso una nueva Ley de Obras Públicas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Congreso de la Unión que en el próximo periodo ordinario de de sesiones que inicia en septiembre se aprueben, además de los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de garantizar un eficiente combate en la materia.

En su mensaje semanal, el dirigente de ese organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, expresó que están proponiendo que en lo relativo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, sea un ordenamiento que respete los lineamientos de integridad y transparencia establecidos en el Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo con la agencia Notimex.

Además, deberá proveer certeza jurídica y continuidad operativa a cada uno de los actores involucrados en el desarrollo de la infraestructura, y garantizar la calidad y sustentabilidad de los proyectos contratados, asegurando la mayor eficiencia y transparencia de la inversión de los recursos públicos.

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De Hoyos Walther añadió que en materia de compras gubernamentales, es necesario tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir casos de corrupción como los evidenciados en las pasadas administraciones estatales de Veracruz y Quintana Roo.

"Demandamos de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales y consensuar una iniciativa para crear el nuevo marco legal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público", dijo.

Transparencia 

Detalló que los ordenamientos deberán incluir aspectos básicos como realizar todo el ciclo de contrataciones de bienes y servicios de los tres órdenes de gobierno mediante plataformas electrónicas, que brinde transparencia y competencia efectiva en los procesos de licitación y contratación.

La plataforma de compras electrónicas deberá estar interconectada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sus herramientas de seguimiento y fiscalización del gasto público, mediante denominaciones estandarizadas para la clasificación de todos los rubros presupuestales.

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Además, deberá establecer mecanismos para la denuncia electrónica por irregularidades cometidas dentro del procedimiento de contratación, notificando la inhabilitación de empresas que hayan incurrido en infracciones graves, para asegurar su descalificación en otros procesos.

"Por ello, desde la sociedad, demandamos que en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, además de los urgentes nombramientos del fiscal anticorrupción y el proceso de revisión, y en su caso ratificación de los magistrados especializados en la materia, se incluya un paquete de reformas complementarias, como las leyes citadas", dijo Gustavo de Hoyos.