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La plusvalía será propiedad de la CDMX, proponen constituyentes

La oposición denuncia un atentado contra la propiedad privada y una doble tributación; un estudio del BID dice que la captación de plusvalía es efectiva para el desarrollo sostenible.
lun 05 diciembre 2016 09:08 AM
ciudad de mexico
ciudad de mexico - (Foto: Cuartoscuro)

El proyecto de dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México plantea que la plusvalía que se genere en inmuebles gracias a inversión en infraestructura, sea trasladada al Estado para realizar obras de mejoramiento, lo cual generado críticas del sector viviendero y una petición en Change.org para que esa ley sea eliminada.

La Comisión analizó los artículos 20 al 25 y el transitorio décimo primero del proyecto de Constitución y entregó a los diputados constituyentes el dictamen, que será sometido a votación este martes 6 de diciembre, según un comunicado.

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En el párrafo 7 del Apartado C del artículo 21 se plantean dos opciones respecto a la recuperación de plusvalías, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente. La primera opción plantea que:

"Los incrementos en el valor del suelo derivados de la inversión y los servicios públicos y de los cambios en el uso del suelo, son parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley establecerá los instrumentos para su recuperación, considerando: a) La distribución equitativa de las cargas y beneficios que impogan el ordenamiento territorial; b) Su aplicación equitativa en beneficio de la población de menores ingresos; c) Facilitar el acceso al suelo y el mejoramiento del hábitat y la vivienda social."

La segunda opción plantea eliminar este punto y referirlo al artículo 26.

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"En la propiedad de la tierra, se haría imposible que siguiera el desarrollo, porque si compro mi casa en un peso y la vendo 50 años después en 100, el gobierno se quedaría con 99”, dijo en días recientes Emilio Carrillo Gamboa, socio del bufete Carrillo Gamboa, a Expansion.mx.

El tema de la propiedad inmobiliaria en la futura Constitución de la Ciudad de México es uno de los que más ha llamado la atención en el ámbito empresarial, que ha advertido que la propuesta representa un segundo pago, ya que en principio se tributa el predial, cuyo fin es precisamente desarrollar infraestructura.

En declaraciones al diario Reforma, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadaevi), Isaac Memún consideró que el gobierno capital atenta contra la propiedad privada.

En la plataforma Change.org corre una petición dirigida al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera para que se elimine este artículo.

"(...) no importa cuánto nos esforcemos por comprar un bien inmueble, todo el margen de valor que aumente con los años, comúnmente conocido como plusvalía, será propiedad y parte de la riqueza del Gobierno de la Ciudad de México, y según esto, serán usados para restaurar los ecosistemas de la Ciudad, es decir, adiós a la propiedad privada", explica al petición que ya cuenta con 27,263 firmantes.

Captación de plusvalías, mecanismo efectivo: BID

Un estudio publicado en octubre pasado po el Banco Interamericano de Desarrollo, explica que la captación de plusvalías generadas por mejoras de infraestructura o nuevas normas de uso de suelo, es un mecanismo efectivo para el crecimiento urbano sostenible.

Los autores del documento plantean que si los gobiernos locales se beneficiarán del aumento de valor de los inmuebles que se produce cuando se construyen autopistas o se pavimentan calles, o el uso de suelo pasa de ser rural a urbano, las ciudades podrían manejar eficientemente sus recursos y reducir su dependencia financiera de los gobiernos centrales.

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Comúnmente, esos incrementos benefician solamente a los dueños de las propiedades, pero son un resultado de acciones públicas, de acuerdo con el estudio Expandiendo el uso de la valorización del suelo. La captura de plusvalías en América Latina y el Caribe.

Las contribuciones por mejoras son las más utilizadas en la región, principalmente en Colombia, donde se aplica desde 1921. Hacia 2012, Bogotá estaba en proceso de recaudar unos 1,000 millones de dólares, según el BID.

 

 

 

 

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